El problema del suelo desde la óptica de izquierdas

-OPINIÓN-
El problema del suelo desde la óptica de izquierdas
Gema Martín, portavoz de IU

Los barbateños y barbateñas nos hemos merendado este mes de agosto con la publicación de los estatutos sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Barbate en el Boletín Oficial de la Provincia. Se trata de una Sociedad Anónima que tendrá por objeto no solo la promoción y construcción de obras y construcciones públicas, sino que se ocupará también de especular con el suelo y promover obras de titularidad privada, según el objeto social que consta de la misma.
La primera empresa que aborda el gobierno municipal, consiste en una complicada estructura organizativa que da cabida a una multiplicidad de órganos, muchos de ellos vacíos de contenido y para los que no se exige cualificación expresa, en una forma social que más recuerda a una empresa privada con caparazón público.

Compleja estructura
Existen en la misma, a) una Junta General, formada por la Corporación en Pleno, pero desposeída de capacidad decisoria, incluso para reunirse si no es por iniciativa del Presidente, y en la que la oposición municipal será un simple eslabón sin posibilidad fiscalizadora; b) un Consejo de Administración en el que se integrarán el Presidente y entre seis y diez consejeros, sin que sepamos hoy cuantos serán pues no se determina el número concreto en los Estatutos, ni con qué criterios se nombrarán, pero eso sí, todos cobrando jugosas dietas, ya que tal cosa se dispone expresamente en los tan citados Estatutos, y con la espada de Damocles pendiente de sus cabezas, ya que si sus opiniones se salen de la cuerda, pueden ser expulsados sin terminar el mandato y sin mediar excusas, a lo que debemos añadir que es obvio que el gobierno municipal no ha pensado que este órgano pueda estar integrado por todos los grupos políticos, contribuyendo al control político; c) un Director-Gerente del que no se exige cualificación especial, y de cuya designación ni siquiera hay que informar a la Junta General, en lo que nos tememos podrá ser un nuevo caso de amiguismo que sumar a la larga lista; d) un Consejo Asesor del que se desconoce la función concreta que desempeñará, sin que los Estatutos establezcan claramente quiénes puedan formar parte de él, pudiendo permitir, de ese modo, un coladero de amistades del poder en claro menosprecio de las capacidades técnicas de otros profesionales; y, e) un Consejero-Delegado, cargo que coincidiría en funciones con el de Director-Gerente, por lo que no hay quien comprenda esta duplicidad.
El Presidente de la Empresa Municipal será el Sr. Alcalde, que en un intento de despojarse de responsabilidades, envía a los tribunales, en caso de haber litigios, al Director-Gerente, como representante de la Sociedad. Se vislumbra en esta medida un palmario desprecio hacia la Ley de Sociedades Anónimas, que determina en su artículo 128 que la representación de la sociedad en juicio, o fuera de él, corresponde a los administradores. A nuestro juicio, el Director-Gerente no puede ser considerado un administrador de la sociedad, sino un trabajador de la misma, por lo que no la puede representar ante los tribunales.
En otro orden de cosas, en la actualidad, a nadie resulta ajena la función del urbanismo como creador del modelo de ciudad que se pretenda conseguir. Tampoco es ajeno a ningún ciudadano que, a través del urbanismo, puede conseguirse una ciudad más habitable, perfectamente integrada en su entorno, en definitiva, una ciudad que facilite la vida de sus habitantes desde un punto de vista funcional, estético y saludable.

Urbanismo sostenible
Las empresas públicas de suelo tienen como misión cumplir estos objetivos, así, en teoría, son sus funciones, entre otras, construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) para facilitar el acceso a la vivienda de todos y todas, eliminar barreras arquitectónicas, crear zonas verdes, mejorar las infraestructuras… Sin embargo, a nuestro juicio, la empresa que reflejan estos estatutos, apoyada por el gobierno municipal y seguro que por los promotores y constructores, está más preocupada por la promoción privada, donde siempre pierden los más desfavorecidos al no poder acceder a una vivienda, y cómo no, por el reparto de beneficios, a los que dedica un artículo completo, sin mencionar siquiera la amortización de pérdidas.
Lo cierto es que, si esa es la política elegida por el PSOE en Barbate, su urbanismo servirá para crear un modelo de ciudad en el que no quede espacio más que para edificaciones, donde no se piense en los residentes, ni en los visitantes, en definitiva, un lugar donde cada metro de suelo esté plenamente destinado a la especulación y donde el ciudadano no reciba más que el deterioro del medio, las incomodidades de la masificación y la pérdida de un patrimonio natural y cultural único e irrecuperable.
Pero, ¿qué podemos esperar de un gobierno municipal que toma como modelo urbanístico poblaciones como Chiclana o la tan degradada Costa del Sol? Realmente no gran cosa, ya que no solo con “buenas intenciones” se diseña una ciudad donde tengan cabida el desarrollo económico, la conservación del medio y el respeto por sus habitantes.
Este modelo urbanístico, apoyado por el actual poder local con el acomodo de los poderes económicos, ya ha dejado ver en los últimos tiempos su fracaso y progresivo abandono en otras localidades, en pos de modelos más respetuosos con la conservación del medio natural y humano. Conil, por ejemplo, ha encontrado en el respeto a estas cuestiones un crecimiento sobre el que pocos tendrán críticas, con una empresa municipal del suelo ejemplo para multitud de municipios. Incluso la propia Junta de Andalucía hace gala de practicar políticas urbanísticas basadas en el desarrollo sostenible, modelo del que queda lejos el que pronostican los Estatutos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Barbate.
Para finalizar, conviene señalar que en estos días la crisis del mercado hipotecario en USA ha puesto en entredicho todo el entramado económico también en España, donde el ladrillo se ha convertido en la gran industria.

Tal decisión, que fue apoyada por el PSOE en los primeros años 90, ha propiciado varias cuestiones. En primer lugar, ha conllevado que millones de familias españolas estén condenadas durante decenas de años a financiar sus viviendas. Las sucesivas regulaciones en materia de suelo y competencias urbanísticas junto a la falta de financiación de los ayuntamientos han originado una extendida corrupción urbanística, con el resultado de un incremento de los precios del suelo urbanizable, ya que el coste de construcción no justifica en modo alguno los elevados precios de la vivienda.
Esta política urbanística parece ser la que decide adoptar el PSOE en Barbate ahora, dejando fuera a los demás grupos políticos y a las asociaciones de ciudadanos en la toma de decisiones, sin consensuar los estatutos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Barbate. Era cierto que el Sr. Quirós iba a hacer más… pero de lo mismo.