Europa Press/BarbateLa ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, firmó hoy en Barbate dos convenios de colaboración para la gestión de las ayudas de mínimas al sector pesquero andaluz y para la asistencia y cooperación mutua en materia de control e inspección de la actividad pesquera que garanticen la "competitividad del sector" y ayuden a paliar los gastos por el incremento del precio del combustible.
En rueda de prensa, Espinosa destacó que el convenio de control e inspección de la actividad implica a la Administración local, a la Administración autonómica y a los ministerios de Agricultura y Pesca y del Interior para "defender una pesca sostenible y responsable" y "actuando" sobre quienes no cumplen con la normativa y que suponen una "competencia desleal" para la actividad pesquera que hay que "defender e impulsar".
En este sentido, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, matizó que su ministerio tiene competencias en todo lo que se refiere a la persecución de las actividades ilegales y, en este caso, de las relacionadas con la pesca y "evitar la competencia desleal". Así, Interior colabora poniendo a disposición la Guardia Civil y la Consejería y el Ministerio de Agricultura y pesca "poniendo los inspectores".
Elena Espinosa explicó que el segundo acuerdo es "un compromiso adquirido" por el Gobierno para ayudar al sector en "una situación desfavorable por el incremento del precio del carburante", que se firmó hoy con la Consejería de Agricultura y Pesca y con las asociaciones regionales del sector pesquero: la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Mariscos.
De esta manera, las ayudas de mínimis permitirán al sector sufragar parte de los gastos en combustible para garantizar la "competitividad" de la actividad pesquera. Las ayudas tienen un límite de 30.000 euros por armador y hasta 0,095 euros por litro consumido entre el 1 de noviembre de 2004 el 31 de octubre de 2005.
Según Espinosa, este compromiso tuvo que esperar a que la normativa comunitaria modificase los límites legales que había establecidos y, posteriormente, se elaboró un Real Decreto "en tiempo récord" para poder pagarle al sector. En este sentido, explicó que el lunes pasado se "territorializaron" el 80 por ciento de los fondos a las comunidades autónomas como "anticipo a la espera de que se confirmen los datos definitivos".
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En rueda de prensa, Espinosa destacó que el convenio de control e inspección de la actividad implica a la Administración local, a la Administración autonómica y a los ministerios de Agricultura y Pesca y del Interior para "defender una pesca sostenible y responsable" y "actuando" sobre quienes no cumplen con la normativa y que suponen una "competencia desleal" para la actividad pesquera que hay que "defender e impulsar".
En este sentido, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, matizó que su ministerio tiene competencias en todo lo que se refiere a la persecución de las actividades ilegales y, en este caso, de las relacionadas con la pesca y "evitar la competencia desleal". Así, Interior colabora poniendo a disposición la Guardia Civil y la Consejería y el Ministerio de Agricultura y pesca "poniendo los inspectores".
Elena Espinosa explicó que el segundo acuerdo es "un compromiso adquirido" por el Gobierno para ayudar al sector en "una situación desfavorable por el incremento del precio del carburante", que se firmó hoy con la Consejería de Agricultura y Pesca y con las asociaciones regionales del sector pesquero: la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Mariscos.
De esta manera, las ayudas de mínimis permitirán al sector sufragar parte de los gastos en combustible para garantizar la "competitividad" de la actividad pesquera. Las ayudas tienen un límite de 30.000 euros por armador y hasta 0,095 euros por litro consumido entre el 1 de noviembre de 2004 el 31 de octubre de 2005.
Según Espinosa, este compromiso tuvo que esperar a que la normativa comunitaria modificase los límites legales que había establecidos y, posteriormente, se elaboró un Real Decreto "en tiempo récord" para poder pagarle al sector. En este sentido, explicó que el lunes pasado se "territorializaron" el 80 por ciento de los fondos a las comunidades autónomas como "anticipo a la espera de que se confirmen los datos definitivos".
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