Los alcaldes de Barbate, Rafael Quirós (PSOE) y Vejer, Antonio Verdú (PSOE) mantuvieron ayer una reunión con el jefe de la Demarcación de Costas, Federico Fernández, para confrontar las propuestas de limitación de las zonas de dominio público marítimo terrestre (deslindes) de las dos administraciones locales con las del departamento del Ministerio de Medio Ambiente.
En dicha reunión acordaron que los técnicos de ambas administraciones estudiarán la propuesta de vecinos y Ayuntamientos a principios de 2008, explicaron fuentes de la Demarcación. Por su parte, el alcalde de Barbate se mostró convencido de que los límites que se acuerden con Costas evitarán la demolición de «cinco o seis viviendas» de El Cañillo, que actualmente se encuentran en zona de paso, junto a la de dominio público marítimo terrestre.
Desde Costas se señaló que la cita ha servido para explicar a ambos alcaldes que la Demarcación está dispuesta, dentro del debate actual entorno a la línea de deslinde y la de zona de servidumbre de protección, a tomar como referencia «la propuesta de deslinde del año 1987 y la delimitación del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, para buscar cierta coherencia y convergencia». Ése ha sido el compromiso del jefe de la Demarcación que, de la misma manera, quiere que esa nueva formulación técnica se traslade a los vecinos.
Fernández también quiso agradecer a la Administración Local «el esfuerzo realizado en la búsqueda de soluciones acordes con la Ley de Costas y en respuesta a la inquietud de los vecinos».
Por su parte el alcalde de Barbate señaló que en la reunión ha hecho llegar a Costas «las inquietudes de numerosos vecinos que en cuanto oyen hablar de modificaciones en los deslindes enseguida piensan en demoliciones».
«Estamos de acuerdo con que se haga una propuesta de deslinde nueva en la que en muchas zonas se aumente la franja de protección de 100 a 200 metros, pero a cambio pedimos que en algunos tramos se mantenga la situación actual que tienen los propietarios», resume Quirós, que recuerda que ese aumento de la protección no es obligatorio sino que responde a un deseo compartido con Costas de mejorar la protección de ciertas zonas del municipio que ya cuenta «con una alta protección por su situación junto a la costa y al Parque Natural», recordó.
«Modificar el deslinde supone retrasar también la zona de servidumbre de protección, lo que afectaría a muchos propietarios que en ningún caso sufrirían demoliciones, pero que tendrían más complicado cambiar los usos de su suelo, ya que deberían pedir permiso a Costas», detalló Quirós, refiriendose a parcelas ubicadas en El Soto. «El que tuviera un huerto y quisiera poner un restaurante debería pedir permiso a Costas», ejemplificó.
«En cambio, si alguna vivienda quedara dentro del deslinde, lo tendría más complicado, pero estoy convencido de que eso no va a pasar», aseguró Quirós, en referencia a las seis parcelas de El Cañillo. El alcalde reconoció que existen «discrepancias» entre sus técnicos y los de Costas, pero que la voluntad es resolverlas todas «sobre el terreno» y con la participación de técnicos de las dos administraciones e de los propios vecinos, a los que mandó un mensaje de tranquilidad en el tema de las demoliciones. «La ampliación del dominio público marítimo no les va a afectar», sentenció.
En dicha reunión acordaron que los técnicos de ambas administraciones estudiarán la propuesta de vecinos y Ayuntamientos a principios de 2008, explicaron fuentes de la Demarcación. Por su parte, el alcalde de Barbate se mostró convencido de que los límites que se acuerden con Costas evitarán la demolición de «cinco o seis viviendas» de El Cañillo, que actualmente se encuentran en zona de paso, junto a la de dominio público marítimo terrestre.
Desde Costas se señaló que la cita ha servido para explicar a ambos alcaldes que la Demarcación está dispuesta, dentro del debate actual entorno a la línea de deslinde y la de zona de servidumbre de protección, a tomar como referencia «la propuesta de deslinde del año 1987 y la delimitación del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, para buscar cierta coherencia y convergencia». Ése ha sido el compromiso del jefe de la Demarcación que, de la misma manera, quiere que esa nueva formulación técnica se traslade a los vecinos.
Fernández también quiso agradecer a la Administración Local «el esfuerzo realizado en la búsqueda de soluciones acordes con la Ley de Costas y en respuesta a la inquietud de los vecinos».
Por su parte el alcalde de Barbate señaló que en la reunión ha hecho llegar a Costas «las inquietudes de numerosos vecinos que en cuanto oyen hablar de modificaciones en los deslindes enseguida piensan en demoliciones».
«Estamos de acuerdo con que se haga una propuesta de deslinde nueva en la que en muchas zonas se aumente la franja de protección de 100 a 200 metros, pero a cambio pedimos que en algunos tramos se mantenga la situación actual que tienen los propietarios», resume Quirós, que recuerda que ese aumento de la protección no es obligatorio sino que responde a un deseo compartido con Costas de mejorar la protección de ciertas zonas del municipio que ya cuenta «con una alta protección por su situación junto a la costa y al Parque Natural», recordó.
«Modificar el deslinde supone retrasar también la zona de servidumbre de protección, lo que afectaría a muchos propietarios que en ningún caso sufrirían demoliciones, pero que tendrían más complicado cambiar los usos de su suelo, ya que deberían pedir permiso a Costas», detalló Quirós, refiriendose a parcelas ubicadas en El Soto. «El que tuviera un huerto y quisiera poner un restaurante debería pedir permiso a Costas», ejemplificó.
«En cambio, si alguna vivienda quedara dentro del deslinde, lo tendría más complicado, pero estoy convencido de que eso no va a pasar», aseguró Quirós, en referencia a las seis parcelas de El Cañillo. El alcalde reconoció que existen «discrepancias» entre sus técnicos y los de Costas, pero que la voluntad es resolverlas todas «sobre el terreno» y con la participación de técnicos de las dos administraciones e de los propios vecinos, a los que mandó un mensaje de tranquilidad en el tema de las demoliciones. «La ampliación del dominio público marítimo no les va a afectar», sentenció.
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