B24/La VozPara la Junta, flexibilizar no significa derogar o modificar. Ésta es la idea que trató de transmitir ayer Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia, que garantizó que la Junta no necesita derogar el POTA para propiciar un acuerdo que permita firmar con empresarios y sindicatos el Pacto por la Vivienda. La fórmula elegida, ya anunciada por el presidente Manuel Chaves, es la de la flexibilización, sobre todo en lo referente al referido incremento de población en los pequeños municipios. «Pero sin modificar el texto vigente».
Zarrías aseguró que la Junta tiene intención de «tener en cuenta» y buscar un «punto de encuentro» entre las posiciones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos CC.OO y UGT que haga posible firmar el Pacto por la Vivienda antes de fin de año, pero quiso dejar claro que el Ejecutivo andaluz va a mantener el POTA «en todos sus términos».
Según explicó, la «flexibilización» que se acordó con la FAMP para modular la aplicación de los límites al crecimiento urbanístico previstos en el POTA en los municipios de menos de 10.000 habitantes «no implica modificar el POTA», sino «flexibilizar» su aplicación teniendo en cuenta factores como el crecimiento urbanístico de cada localidad en los últimos años para evaluar el desarrollo de sus equipamientos.
En el caso de Cádiz, existen 23 municipios que podrían verse afectados por el cambio de criterio al contar con menos de 10.000 habitantes. Sin embargo, según la Delegación de Obras Publicas, 18 de ellos ya cuentan con un plan de ordenación aprobado y en vigor, por lo que no está obligados a modificarlo, e incluso en el caso de Bornos, Trebujena y Prado del Rey, tres de los más recientes, éstos ya se han adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Los otros cinco municipios se encuentran en diversas fases de su ordenación, a la espera que la Junta aclare que criterios seguirá.
La posible flexibilización del POTA fue contestada ayer por Los Verdes que aseguró que «pone en peligro a la Sierra», ya que «abre la veda para la especulación y el continuo consumo de suelo de forma irracional e irresponsable». El líder andaluz del PP, Javier Arenas, pidió el lunes a la Junta que reconozca «que se ha equivocado» y derogue la norma.
Según explicó, la «flexibilización» que se acordó con la FAMP para modular la aplicación de los límites al crecimiento urbanístico previstos en el POTA en los municipios de menos de 10.000 habitantes «no implica modificar el POTA», sino «flexibilizar» su aplicación teniendo en cuenta factores como el crecimiento urbanístico de cada localidad en los últimos años para evaluar el desarrollo de sus equipamientos.
En el caso de Cádiz, existen 23 municipios que podrían verse afectados por el cambio de criterio al contar con menos de 10.000 habitantes. Sin embargo, según la Delegación de Obras Publicas, 18 de ellos ya cuentan con un plan de ordenación aprobado y en vigor, por lo que no está obligados a modificarlo, e incluso en el caso de Bornos, Trebujena y Prado del Rey, tres de los más recientes, éstos ya se han adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Los otros cinco municipios se encuentran en diversas fases de su ordenación, a la espera que la Junta aclare que criterios seguirá.
La posible flexibilización del POTA fue contestada ayer por Los Verdes que aseguró que «pone en peligro a la Sierra», ya que «abre la veda para la especulación y el continuo consumo de suelo de forma irracional e irresponsable». El líder andaluz del PP, Javier Arenas, pidió el lunes a la Junta que reconozca «que se ha equivocado» y derogue la norma.
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