Fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aseguraron ayer que los expedientes para que se hagan efectivos los pagos de las pensiones de las cinco viudas del naufragio del Nuevo Pepita Aurora quedarán resueltos "en los próximos días". Las mismas fuentes han justificado la tardanza en los pagos en que el caso se considera accidente laboral y, por tanto, han tenido que acreditar la situación mediante diversos informes que han retrasado la culminación del trámite.
La reacción del ISS se produce un día después de que el Ayuntamiento de Barbate aprobara en Pleno una petición a la propia Seguridad Social para que procediera al "pago inmediato" de las pensiones, que siguen superando la complicada tramitación administrativa que comenzó pocas semanas después del hundimiento del pesquero, a principios del mes de septiembre.
La reacción del ISS se produce un día después de que el Ayuntamiento de Barbate aprobara en Pleno una petición a la propia Seguridad Social para que procediera al "pago inmediato" de las pensiones, que siguen superando la complicada tramitación administrativa que comenzó pocas semanas después del hundimiento del pesquero, a principios del mes de septiembre.
La tardanza en el pago provocó ayer el rechazo del presidente del Partido Popular (PP) en Andalucía, Javier Arenas, que reclamó en Granada que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que las viudas del accidente marítimo cobraran "de inmediato" las pensiones de la Seguridad Social.
Según informó Europa Press, Arenas lamentó que transcurridos 90 días aún no se haya producido el cobro de las pensiones, puesto que la media de las familias en percibir esta retribución es de entre diez y quince días. "Estas personas representan el símbolo de una tragedia que a todos nos debe conmover y preocupar", apuntó Arenas, que instó a las administraciones a agilizar los trámites para subsanar el "error".
En la misma línea se pronunció ayer el presidente del PP de Cádiz, José Loaiza, quien pidió al Gobierno central y también al autonómico que solucionen los problemas para atender a todas las "peticiones" que están haciendo los familiares de las víctimas del naufragio y los supervivientes. "Lo único que están recibiendo es el silencio por respuesta y el abandono de las administraciones", acusó Loaiza.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social debe aprobar ahora las pensiones según el cómputo de años cotizados de las víctimas, el número de miembros de la unidad familiar y las cotizaciones realizadas hasta las últimas fechas. Estos ingresos oscilarán entre los 400 y los 600 euros mensuales por familia.
De momento las cinco familias de fallecidos, incluidas las tres de los desaparecidos, han recibido alrededor de 6.000 euros por parte de la aseguradora Mutua Gallega, con la que el patrón del pesquero tenía contratada una póliza de seguros. Todos han recibido además las indemnizaciones de entre 12.000 y 48.000 euros de la empresa Mapfre, aseguradora de la Cofradía de Pescadores y de la Junta de Andalucía.
A estas cantidades se han unido otras aportaciones económicas obtenidas por las ventas de pescado en la lonja, canalizadas a través de la Cofradía, o por apoyos del propio Ayuntamiento.
La situación más complicada la padecen las familias de los tres marineros desaparecidos, que tienen que esperar los tres meses preceptivos para que el Juzgado de Barbate pueda hacer oficial su viudedad, trámite administrativo que les permitirá tramitar sus pensiones.
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